mercoledì, Settembre 23

Los padres de la Constitución española: 7 + 1 (el Ejército) Formalmente, la Constitución española tuvo siete 'padres'. En realidad fueron: ocho. La jefatura del Alto Estado Mayor del Ejército tuvo un papel determinante

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A la espera de lo que haga el Covid 19 en otoño, esta ha sido la primera semana sin Estado de Alarma en España. El Estado de Alarma está previsto en el artículo 116 de la Constitución española de 1978, en tantas cosas muy parecida a la Constitución italiana de 1948.

Pero hay dos elementos de la Constitución española que la hacen diferente. Por un lado, España es una monarquía porqué así lo decidió el general Franco, al nombrar a Juan Carlos de Borbón sucesor suyo; por otro lado, tenemos los artículos segundo y octavo de la Constitución: estos artículos fueron impuestos por la cúpula militar,bajo amenaza de golpe de Estado. Lo explicó don Jordi Solé Tura en su libro ‘Nacionalidades y Nacionalismos en España (Editorial Alianza, 1985).

Solé Tura (1930-2009) fue un comunista exiliado en París y en Bucarest durante la dictadura de Franco. Cuando llegó la democracia fue uno de los siete redactores de la Constitución española. Entre 1991 y 1993 fue Ministro de Cultura del Gobierno español. En invierno 1988, este cronista coincidió con él esquiando en los bosques de una estación de esquí nórdico en el Pirineo catalán, y escuchó de los labios del sabio político los pormenores apuntados en el libro.

La primera redacción del artículo 2 decía que«La Constitución se fundamenta en la unidad de España, la solidaridad entre sus pueblos y reconoce la autonomía de sus regiones y nacionalidades». Cuando lo leyeron, los militares se rasgaron las vestiduras: el reconocimiento de la unidad les parecía insuficiente y el término nacionalidadeslo consideraron una amenaza a la integridad territorial.
Semanas después, en una sesión de trabajo donde la ponencia era presidida por don Solé Tura, llegó un sobre procedente de la presidencia del gobierno, dirigida a don
Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, representante del partido del Gobierno en la ponencia. El contenido era escueto: se corregía la redacción del artículo 2 a propuesta defuentes consultadas’, es decir, la comandancia del Alto Estado Mayor del Ejército. Y así quedó el redactado definitivo (una vez corregidos los errores sintácticos cometidos por los militares): «España es la patria común e indivisible de todos los españoles».
No había otra opción, reconoció Jordi Solé Tura. A buen entendedor, sobran las palabras. Era aquello o una intervención armada.
Además, el
artículo 8 reza así: «La misión de las Fuerzas Armadas es defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional». Por si no quedaba suficientemente claro.

En Derecho hay un principio básico: todo contrato entre partes debe estar libre de amenazas o coacciones. De lo contrario, el contrato es nulo de pleno derecho y queda sin efecto. La Constitución es un contrato social. Aún cuando los españoles que eran mayores de edad en 1978 refrendaron con su voto la Constitución, ignoraban las amenazas que habían concurrido en su redacción, y por lo tanto, desconocían que la Carta Magna estaba viciada de origen. En términos de principios jurídicos, la Constitución española de 1978, que no reconoce el derecho de los pueblos de España a ejercer el derecho de autodeterminación, es fraude de ley y debería estar invalidada.

La mayor parte de los 168 artículos de la Constitución española son jurídicamente impecables, no en balde los siete ponentes eran eminentes juristas. Pero la intervención del octavo ponente para sellar la integridad territorial y salvaguardar la Corona echó por tierra la convivencia apacible de los pueblos de España.

Europa debe conocerlo: de los últimos nueve presidentes de Catalunya, cuatro sufrieron exilio (Francesc Macià, Josep Irla i Bosch, Josep Tarradellas, Carles Puigdemont), uno prisión (Jordi Pujol i Soley), dos inhabilitación (Artur Mas, Puigdemont) y uno fue detenido por la Gestapo y fusilado por Franco (Lluís Companys i Jover). El actual presidente (Quim Torra) está pendiente de sentencia del Tribunal Constitucional por reivindicar la libertad de los presos políticos. Y dos gobiernos legítimos fueron encarcelados al completo (1934 y 2017).

El octavo ponente sigue ahí y es omnipresente.

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Sull'autore

Docente della Universitat de Vic, Departament d'Economia i Empresa