martedì, Ottobre 27

España: pasado mañana, 30 de septiembre, intento de golpe de estado judicial El PP pretende asegurarse jueces favorables en sus juicios por corrupción

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Desde estas páginas de ‘LIndro hemos denunciado reiteradamente que el franquismo sigue vivo en España.

Los aparatos del estado heredados de la dictadura no se purgaron nunca y el fascismo es todavía visible. Si nada lo impide, todos los europeos atentos a la información internacional tendrán una nueva muestra el 30 de septiembre de 2020. Ese día, El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) renovará un número decisivo de puestos clave del ámbito judicial.

La cuestión es que este Consejo tiene el mandato caducado desde hace dos años; para renovarlo es necesario un acuerdo de tres quintas partes de los parlamentarios. Si uno de los grandes partidos de ámbito español decide bloquear la renovación, la bloquea. Es lo que está haciendo el ultraconservador Partido Popular, interesado en que sean los actuales miembros del CGPJ quienes elijan a sus candidatos decisivos. Terrible: la actual composición del CGPJ es la que salió de lejanas elecciones de 2011 donde el PP obtuvo mayoría absoluta y la aprovechó para saquear las arcas públicas. Ahora debe responder de aquel saqueo ante los tribunales. En los últimos tiempos se ha dedicado a destruir ordenadores y archivos comprometedores y ha utilizado fondos reservados para espiar su tesorero, Luis Bárcenas en un intento flagrante y desesperado de borrar las pruebas de los delitos. Los tribunales, afines a la ideología ultraconservadora, absolvieron al partido en la causa de la destrucción de pruebas, con el increíble argumento de que no había pruebas de que aquellas pruebas destruidas fueran incriminatorias!

Los dirigentes del PP están dispuestos a hacer todo lo necesario para tener jueces amigos, transigentes con sus estafas. Lo tienen bien: el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, fue durante ocho años director general de Justicia, precisamente con un gobierno del PP. No se preocupan ni de disimular: el portavoz del partido en el Senado, Ignacio Cosidó, afirmó textualmente que en la renovación del CGPJ se jugaban nombramientos vitales por el PP.
Después hemos visto, incrédulos, como el Tribunal Supremo archivaba causas contra los dirigentes de este partido, incluida la falsificación del currículo académico de su máximo dirigente, Pablo Casado.

Pero la cosa es todavía mucho más grave. Fue el Partido Popular quien decidió que el conflicto entre España y Cataluña debía ser resuelto por los tribunales: durante años impugnó la mayoría de leyes que salían del Parlament de Catalunya e interpuso demandas y querellas a diestro y siniestro. Y fue el Tribunal Constitucional quien anuló el estatuto de autonomía de Cataluña, en 2010, previamente aprobado por las Cortes españolas y refrendado por el pueblo catalán. Fue el Tribunal Supremo quien decretó prisión preventiva contra los organizadores del referéndum deautodeterminación y dictó sentencia de sedición -nueve años de prisión- contra los convocantes de manifestaciones de protesta; fue el presidente del CGPJ y del TS, Carlos Lesmes, quien afirmó que la unidad de España era el fundamento del ordenamiento jurídico español.
También
fue el Tribunal Supremo quien juzgó y condenó a los consejeros del gobierno catalán, dando crédito a una frase inaudita pronunciada per uno de los fiscales, Javier Zaragoza: decía el fiscal que “organizar un referéndum es delito aunque no esté tipificado en el código penal” . Esta frase, si fuere escrita en un examen de primero de Derecho conllevaría el suspenso inmediato de la asignatura.

Es el Tribunal Supremo quien ahora se niega a cumplir los requerimientos del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU que pide la inmediata puesta en libertad del consejeros del gobierno catalán encarcelados. Fue un tribunal supeditado al CGPJ, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el que inhabilitó al presidente de Cataluña Artur Mas. La intervención del Tribunal Constitucional fue decisiva para que el gobierno del PP destituyera a su sucesor, Carles Puigdemont. También está pendiente de inhabilitación el actual Presidente, Quim Torra, por mantener una pancarta reivindicando la libertad de los presos políticos. Y fue el Tribunal Supremo el que se inventó todo tipo de argucias legales para impedir a Puigdemont, Comín, Ponsatí y Junqueras ocupar sus escaños en el Parlamento Europeo. De hecho, los tres primeros tienen ahora inmunidad parlamentaria como eurodiputados, pero no pueden entrar en España: Oriol Junqueras, que se quedó en el país, pasa veintidós horas diarias encerrado en su celda, sin permisos para salir de la cárcel, como si fuera un asesino peligroso. En la misma situación están sus compañeros de sentencia Rull, Turull, Forn, Cuixart, Sànchez y Romeva.

Todo ello recuerda demasiado el fusilamiento del presidente de Cataluña, Lluís Companys, entregado por la Gestapo a Franco hace ochenta años.

La derecha lo tiene claro: el Estado es suyo. La dirigente del PP Cayetana Álvarez de Toledo lo verbalizó: «El poder judicial es el último dique de contención contra el progresismo». Y aquellos aparatos del Estado, incluida una ‘policía patriótica’, diseñada para combatir las ideas de los catalanes separatistas, ahora se utilizan para torpedear el gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos.

Grave error de Pedro Sánchez el de aplaudir la política del ex presidente Mariano Rajoy de judicializar la política española. Ahora lo paga.
Y grave problema, el de España, de no haber sabido eliminar el franquismo de los aparatos del estado. Tuvo 45 años para hacerlo. No supo, no pudo o no quiso. Este miércoles, la situación irá a peor.

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Sull'autore

Docente della Universitat de Vic, Departament d'Economia i Empresa