domenica, Novembre 29

España: ni siquiera la Audiencia Nacional se traga las mentiras del Tribunal Supremo El Estado de Derecho, dinamitado en España. La sentencia absolutoria al Mayor Trapero de la Audiencia Nacional pone en evidencia la prevaricación del Tribunal Supremo

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La Audiencia española ha absuelto al señor Josep Lluís Trapero, que era el comandante en jefe de la policía catalana cuando se produjeron los hechos de septiembre y octubre del 2017. Había sido acusado de rebelión. Por los mismos hechos, el jefe político del señor Trapero está cumpliendo una pena de diez años y medio de prisión.

Eran los días previos al referéndum de autodeterminación de Cataluña. El gobierno de España quería impedirlo a toda costa. Pretendía encontrar las urnas electorales y confiscarlas.Ordenó registrar varios departamentos del gobierno catalán y la sede de un partido político, en este caso sin orden judicial. Considerando la acción absolutamente abusiva, decenas de miles de catalanes protestaron en las calles de Barcelona: una protesta cívica y pacífica. La policía española, buscando pretextos para provocar un enfrentamiento, dejó dos coches policiales abiertos, con armas en el interior, visibles. Ningún manifestante cayó en la provocación. La policía catalana hizo una excelente labor de mediación y no hubo disturbios. Al final de la jornada, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez -convocantes de la manifestación- se encaramaron al techo de otro coche policial para poder dar instrucciones a los manifestantes: la protesta había terminado, todo el mundo a casa.

Diez días después, para desesperación del gobierno español, el referéndum se celebró. Siguiendo instrucciones del Ministerio del Interior, la policía española lo intentó impedir con brutalidad y violencia. Y siguiendo instrucciones de los jueces, la policía catalana también lo intentó impedir, pero sin pegar a los votantes.

Entre unos y otros retiraron algunos centenares de urnas y cerraron algunos cientos de centros electorales. La policía catalana lo hizo con educación y proporcionalidad y con algunos casos de éxito; la policía española, hiriendo a un millar de ciudadanos y fracasando estrepitosamente.

Por aquellos hechos, el Mayor Trapero y otros miembros de la dirección de la policía catalana han sufrido un calvario judicial de tres años.Pero era tan evidente su inocencia que la Audiencia Nacional no ha tenido más remedio que reconocerla.

Por los mismos hechos, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez sufren penas de prisión (nueve años cada uno), condenados por el Tribunal Supremo. Y en la misma situación se encuentra Joaquim Forn, entonces miembro del gobierno catalán, acusado de dar instrucciones al Mayor Trapero; acusación que, con la sentencia de la Audiencia Nacional,se cae por su propio peso.

Que los miembros de aquel gobierno de Catalunya de 2017 y la presidenta del Parlament son presos políticos lo sabe todo el mundo; lo reconocen las sentencias de los tribunales de Bélgica (para el caso de los señores Puigdemont, Puig y Comín) Alemania (donde Puigdemont fue puesto en libertad) y Escocia (donde la señora Ponsatí ejerce de profesora universitaria); además, lo proclama el Grupo Contra las Detenciones Arbitrarias de la ONU. También lo reconocerá el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos cuando le llegue el caso.

La novedad es que ahora incluso un alto tribunal español (no precisamente sospechoso de separatista) lo admite. Y ello pone contra las cuerdas el Tribunal Supremo, y por extensión,todas las instituciones españolas que han orquestado la represión y venganza contra los líderes separatistas.

En su día, un Ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, admitió que al separatismo catalán había que combatirlo al precio que fuera, y al presidente Puigdemont había que sacar de circulación a toda costa. No sé si Rubalcaba era consciente del precio a pagar: dinamitar el estado de Derecho en España.

Pobre España: con un millón de contagiados por la Covid, la sanidad desbordada, la economía hundida y la política crispada, sólo le faltaba eso. El derrumbe del régimen habrá sido más mérito de los políticos y los jueces españoles -y del Rey- que de los ciudadanos de Cataluña.

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Sull'autore

Docente della Universitat de Vic, Departament d'Economia i Empresa