sabato, Ottobre 24

España: la pandemia de los militares El conflicto entre Cataluña y España explica en buena medida el fracaso del gobierno español en la gestión de la crisis sanitaria. Quienes manejaron la crisis de Covid-19 no fueron los gobiernos regionales sino un Ministerio de Salud sin experiencia, con pocos funcionarios, desconocedores de la realidad sanitaria en el territorio

0

El Covid 19 ha sido la primera pandemia global de este siglo. Europa no recordaba un desastre sanitario tan grave desde la gripe española de 1918. Curiosamente, el país de Europa que mayores tasas de contagio ha padecido y donde el número de víctimas mortales ha sido mayor es España.

La siguiente reflexión no pretende buscar culpables, pero sí explicaciones a esta desgracia; explicaciones difíciles de acertar para quien no conozca las peculiaridades históricas de este país. Aún así, a cualquier observador internacional le habrán sorprendido dos cosas: el brevísimo confinamiento total de los ciudadanos españoles en comparación con los ciudadanos de otros países europeos y la presencia todos los días de altos mandos militares en las conferencias de prensa del gobierno dando cuentas de las medidas tomadas. Para comprender este desaguisado hay que conocer algunos antecedentes.

España es un país, en cierta medida,descentralizado. Después de la muerte de Franco, la Constitución española de 1978 proclamó un Estado de las Autonomías que contenía elementos de país federal. Así, por ejemplo, las competencias en sanidad fueron transferidas a las regiones o comunidades autónomas. El Ministerio español de sanidad quedó sin competencias y casi sin funcionarios. Cataluña y el País Vasco lideraron el proceso de federalización asumiendo todas las competencias previstas en la Constitución, incluyendo àreas que otras regiones rechazaron, como la policía o instituciones penitenciarias, que son de gestión problemática y escaso rendimiento electoral. En realidad, Cataluña y País Vasco han tenido desde hace siglos amplias capas de población que aspiraban al reconocimiento de sus naciones como estados libres de Europa, fenómeno que siempre se ha vivido con gran preocupación en España.

Cuando el Covid19 se materializó como una grave amenaza para la salud pública, el gobierno catalán pidió inmediatamente el confinamiento total de la población; pero esta decisión debía ser autorizada por el gobierno de España, que la rechazó. Ni siquiera se confinó a los ciudadanos de Madrid, donde había un brote importante; el fin de semana del 14 y 15 de marzo, centenares de miles de madrileños se desplazaron a la costa mediterránea a pesar de las recomendaciones de las autoridades sanitarias que advertían del peligro.

El confinamiento total se acabó decretando dos semanas después de que lo pidiera el gobierno catalán: demasiado tarde, el brote de virus ya estaba muy extendido. En cambio, lo que el gobierno español decretó desde el primer momento fue el estado de alarma: una medida prevista en la Constitución que permite al estado restringir las libertades civiles y recuperar para el gobierno las competencias de las Comunidades Autónomas. Así, quién gestionó la crisis del Covid19 no fueron los gobiernos regionales y sus consejeros de salud, que tienen en sus manos excelentes sistemas hospitalarios, sino un ministerio de sanidad sin experiencia, con pocos funcionarios y desconocedor de la realidad sanitaria territorial. Fruto de esa inexperiencia, el gobierno español cosechó fracasos estrepitosos a la hora de comprar, gestionar y distribuir mascarillas, equipos de protección y pruebas para detectar casos de coronavirus.
Sin embargo, el gobierno hablaba todos los días de guerra contra el virus en términos cómicamente bélicos: generales uniformados se dirigían a la población diciendo que todos los ciudadanos eran soldados y apelando a la disciplina militar. Los partidos de derechas exigían la presencia del ejército en Cataluña y el País Vasco. Mientras los enfermos morían a centenares en hospitales que trabajaban al límite, un general se vanagloriaba de haber detenido a un hombre que había robado treinta quilos de naranjas, y otro oficial contaba que la policía trabajaba en las redes sociales para desactivar las críticas al gobierno.

En este contexto es relevante hablar del Ministro de sanidad, señor Salvador Illa. Se trata de un político catalán, del partido socialista, partidario de la unidad de España, a quién el presidente Pedro Sánchez había nombrado ministro (con una cartera vacía de competencias) para ocuparse de la negociación entre el gobierno de España y el partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya. Los votos de los partidos independentistas catalanes son necesarios para aprobar los presupuestos españoles y continuar la legislatura. La negociación es difícil, porque para el partido republicano y el gobierno de Catalunya hay dos cuestiones irrenunciables: un referéndum de autodeterminación para decidir el futuro político de la nación catalana y una ley de amnistía para los presos políticos catalanes. No puede olvidarse que cinco consejeros del gobierno catalán, una consejera, la presidenta del Parlamento de Catalunya, el presidente de Omnium Cultural (un movimiento que incluso Franco había tolerado) y el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana están cumpliendo penas de más de nueve años de cárcel por haber organizado un Referéndum de Autodeterminación el 1 de octubre de 2017.

Pues bien, el Ministro que había sido nombrado para navegar en las difíciles aguas del estrecho margen que hay entre el centralismo autoritario y la voluntad muy mayoritaria de autodeterminación de Catalunya, este Ministro,con ningún conocimiento de medicina, ni de epidemiología, ni de gestión hospitalaria ni de sanidad pública, tuvo que lidiar, de la noche a la mañana, con la pandemia del Covid19: la peor pesadilla que habrá vivido España desde la guerra civil.
El gobierno español decidió confinar a los ciudadanos tarde y mal, y solo por espacio de nueve días.
Hizo pasear a los militares por la calle en un acto de autoritarismo incomprensible; decretó las mismas medidas uniformadoras para todos, desde la capital, con millones de habitantes, hasta una pequeña isla de las Canarias donde nunca se detectó ningún caso positivo de Covid19. Es decir, priorizó su ideología jacobina y desechó medidas descentralizadas para que nadie dudara de que su prioridad era la unidad de España.

Una unidad, la de España, que el general Franco había asegurado mediante el Tribunal de Orden Público, que perseguía y encarcelaba a comunistas y separatistas; durante la transición a la democracia este tribunal cambió de nombre(ahora Audiencia Nacional) pero sigue persiguiendo el mismo fin y utiliza los mismos medios, las cloacas del estado: pruebas falsas y calumnias contra políticos catalanistas, incluso en plena campaña electoral, y control del Tribunal Supremo por parte del consejo de ministros, como reconoció un ministro del anterior gobierno español.

Los políticos y los medios de comunicación españoles nunca han intentado convencer a la sociedad catalana de los beneficios de formar parte del estado español; al contrario, han menospreciado la lengua catalana, han dado un trato fiscal injusto a los catalanes y han erosionado, siempre que han podido, el gobierno de Catalunya. Como reacción, el Gobierno catalán impulsó en 2005 un nuevo Estatuto de Autonomía, negociado con todos los partidos, aprobado en Las Cortes Españolas y refrendado por el pueblo de Cataluña en 2006. Pero el Partido Popular español impugnó este estatuto y el Tribunal Constitucional lo invalidó en su mayor parte en 2010. Entonces, el movimiento independentista catalán emergió con fuerza. En 2017 el President Puigdemont organizó el referéndum de autodeterminación. No es baladí recordar que el legítimo presidente de Catalunya y parte de su gobierno están en el exilio; Puigdemont es miembro del Parlamento Europeo, ha sido absuelto de cualquier delito por la justicia europea, pero no puede volver a España porqué sería detenido y encarcelado como los miembros de su gobierno que no se exiliaron.

Por supuesto, la gran preocupación de todos, españoles, catalanes, italianos y europeos es el coronavirus. Cuando se pueda normalizar la vida, la prioridad será recuperar la economía. España lo tendrá complicado porque tiene una deuda pública ya excesiva, y por eso implora un fondo de reconstrucción europeo, incluyendo bonos de deuda perpetua, de los que ya hablamos la semana pasada. Pero este episodio de crisis sanitaria y económica ha revelado que el conflicto entre Catalunya y España, lejos de resolverse, se ha agudizado. No es un conflicto nuevo.
Madrid es la capital de España desde hace 400 años, pero la primera capital de Catalunya fue Aquisgrán, hace 1200 años y la segunda, Barcelona, desde hace 1000 años. Si Catalunya forma parte de un estado español jacobino y borbónico es porque las tropas borbónicas de Felipe V derrotaron a las de Carlos de Hasburgo en 1714; y porqué cada vez que el pueblo catalán ha intentado ejercer la soberanía ha sido bombardeado, reprimido o sometido a dictadura militar. El Partido Socialista Obrero Español, cuando militaba en la clandestinidad bajo la dictadura de Franco, pedía la libre autodeterminación de los pueblos de la Península Ibérica. Ahora, en el gobierno, rechaza el derecho de autodeterminación y tiene en prisión a los disidentes.

El coronavirus es un problema sanitario y económico mundial que ahora reclama toda la atención de los políticos y economistas europeos; pero la resolución democrática de los conflictos territoriales y el respeto a los derechos humanos formaba parte de los valores fundacionales de la Unión Europea y nunca deberían ser olvidarlos. Los presos políticos catalanes encerrados en cárceles españolas son una vergüenza para la Europa del siglo XXI.  

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data.

Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi.

Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento.

L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.
Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.
"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma.

Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro.

In molti ti chiedono di donare per sostenerli.

Noi no.

Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione.

Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra.

Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti

Condividi.

Sull'autore

Docente della Universitat de Vic, Departament d'Economia i Empresa